El presente estudio aspira a construir una teoría dogmática del dominio público como parte del orden constitucional económico. El Derecho económico se ha concebido, en su época de mayor intervención, fundamentalmente como el instrumento del Estado en su tarea de defensor y conformador de la economía, en tanto que titular legítimo del poder político. Este paradigma intervencionista, sin embargo, sufre un decisivo golpe a partir del último tercio del siglo xx, fruto de una reflexión sobre la propiedad constitucional, que debe ser entendida como un derecho fundamental genuino, con su contenido esencial correspondiente y con una vertiente institucional que vertebra todo el ordenamiento. La tesis del presente estudio es que la teoría del dominio público debe ser entendida como una limitación del derecho de propiedad constitucional. Así, los límites negativos del derecho de propiedad constitucional, tanto los proporcionados y no indemnizables como los justificados por su utilidad pública y sometidos a indemnización, son a su vez los límites positivos de la intervención del poder público. Ambas vertientes empastan así como dos mitades de una manzana. Sólo deberá excluirse el dominio privado de un bien o categoría de bienes mediante el régimen demanial, cuando existan razones de índole económica que justifiquen su uso común o su explotación concesional. Aquí aparece como central el concepto, que hemos manejado en el trabajo, de bienes de tránsito. La idea central del estudio es, por tanto, que la comprensión de todos los bienes, también los bienes públicos, como objetos de tráfico jurídico y económico sirve al mejor funcionamiento de la economía. Los bienes públicos no son ya tanto bienes afectos a fines públicos que haya que proteger, como bienes del orden constitucional económico cuya función en el tráfico verdaderamente justifica su carácter público y su tipo de uso. Así pues, la discusión entre modelos funcionalistas o patrimonialistas no es, creemos, tan relevante ya, como la idea de que el poder público que se ejercita sobre esos bienes debe estar justificado y debidamente sometido a control en virtud de la función que los bienes vinculados cumplen en la economía general.

Otros libros de Iglesias Sevillano, Héctor

Este libro analiza cómo la Constitución de 1978 ha querido poner las bases de un Poder Judicial que superara las tradicionales carencias que este ha presentado en España, en especial su dependencia del Poder Ejecutivo, la existencia de múltiples formas de erosionar y anular la independencia y el resto de garantías de los jueces, o la falta de medios que padeció durante muchas épocas. A partir del análisis de la norma constitucional, de su regulación de desarrollo y de la jurisprudencia más relevante, se quiere en estas páginas ofrecer un diagnóstico acerca del grado de éxito que ha logrado la Constitución en la consecución del propósito antes mencionado y de cuáles son los aspectos ?no pocos ni menores? de la configuración de nuestro Poder Judicial en que persisten problemas, lo que plantea el reto de cómo abordarlos y darles solución, de manera que el servicio público de la justicia pueda dejar de ser percibido por la ciudadanía como un sector en el que los retrasos y las disfunciones parecen ser una seña de identidad. Para ello el libro se detiene en muy variados aspectos: los ejes de la regulación del Poder Judicial en nuestra actual Constitución y sus antecedentes; la necesaria apertura a la jurisprudencia del TJUE y del TEDH para la interpretación y aplicación de conceptos relevantes de nuestra norma constitucional; la organización jurisdiccional en España y sus principales características y problemas; el estatuto de los jueces en sus diferentes dimensiones; el gobierno del Poder Judicial y particularmente el CGPJ, órgano de funcionamiento problemático y cuya regulación legal muta constantemente; la relación entre el Poder Judicial y la estructura autonómica del Estado; el papel del Ministerio Fiscal y la participación ciudadana en la justicia. Una serie de elementos a través de cuyo análisis se quiere ofrecer al lector no sólo una explicación del punto al que hemos llegado, sino la identificación de los principales retos del Poder Judicial y las posibles formas de afrontarlos.

Para la gestión de servicios públicos, y en general para el cumplimiento de muchos de sus cometidos, las Administraciones Públicas se desenvuelven en el espacio que se abre entre su potestad de autoorganización y la opción por la contratación, inexcusablemente sometida al principio de concurrencia en la adjudicación. En ese espacio se están suscitando diversas controversias, derivadas sobre todo de la débil y compleja delimitación de las fórmulas que pueden utilizarse para la autoprovisión y los requisitos, necesariamente estrictos, que han de concurrir para su operatividad.
En este libro se ofrece una categorización rigurosa de esas fórmulas a partir de la doble matriz que se conforma desde la cooperación vertical, con el recurso a medios propios, a la cooperación horizontal, que se articula sobre convenios entre Administraciones. Especial atención se presta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamental en esta materia, y a las posiciones que están adoptando las autoridades de defensa de la competencia, con un creciente protagonismo en este tema.

SUMARIO:
PRESENTACIÓN, por Manuel Campos Sánchez-Bordona
LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS COMO TÉCNICA DE AUTOPROVISIÓN ADMINISTRATIVA, EN EL SISTEMA JURÍDICO EUROPEO Y ESPAÑOL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, por Belén Noguera de la Muela
GESTIÓN DIRECTA Y DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES: ENCARGO A MEDIO PROPIO O TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, por Esteban Arimany Lamoglia
LA COOPERACIÓN HORIZONTAL ENTRE PODERES ADJUDICADORES COMO NEGOCIO EXCLUIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por José Alberto Navarro Manich
DECISIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DESDE LA PERSPECTIVA DE POLÍTICA DE COMPETENCIA, por Susanna Grau i Arnau

El presente tomo, séptimo y último de los Principios de Derecho civil del profesor Lasarte, se encuentra dedicado al Derecho hereditario o Derecho de sucesiones, ofreciendo una visión completa e institucional de la materia. En su análisis, junto con la precisión y profundidad de los contenidos, sobresale una acertada sistemática de exposición a efectos pedagógicos, pese a la evidente complejidad del empeño. Esta decimoquinta edición está rigurosamente actualizada, atendiendo de modo particular al conjunto de novedades introducidas por la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (BOE del 3 de junio, con entrada en vigor el 3 de septiembre de 2021). Dicha Ley, de innegable importancia, ha modificado, alterado o, sencillamente, suprimido, numerosos pasajes normativos del Código Civil vigente en el momento de su aprobación (al menos los artículos siguientes: 663.1º; 753, 742, 756, 708, 709, 776, 782, 783, 808 y 822), que han debido ser analizados cuidadosamente antes de dar a las prensas esta nueva edición de la obra, que ofrece una visión cuidada y precisa de los aspectos sucesorios afectados. Desde el punto de vista jurisprudencial, se incorporan a esta edición las resoluciones del Tribunal Supremo más señeras de los años precedentes, entre las que deberíamos resaltar, al menos, las siguientes: SSTS 164/2020, de 11 de marzo; 365/2020, de 29 de junio; 546/2020, de 20 de octubre, y 578/2019, de 5 de noviembre. Finalmente, desde el punto de vista bibliográfico, se incorporan en la relación bibliográfica de los capítulos correspondientes las obras especializadas, sean monografías o artículos especializados de interés publicados en los dos últimos años.

Responde este Compendio al reto planteado por la extraordinaria y drástica reducción de períodos lectivos generada, en la mayor parte de las Universidades europeas, por el denominado proceso de Bolonia. En efecto, respecto de la propiedad privada y los derechos reales puede afirmarse en términos aproximativos que la reducción ha sido especialmente intensa, sustituyéndose una asignatura de carácter anual por una semestral o cuatrimestral en la generalidad de los centros universitarios. En consecuencia, el presente Compendio de derechos reales ofrece una visión sucinta, aunque cuidada y especialmente analítica, de los problemas fundamentales de la propiedad privada y de la transmisión y generación de derechos reales limitados incidentes sobre los diversos tipos de bienes objeto de apropiación humana, afrontando así las nuevas y contingentes circunstancias universitarias. En suma, aborda esta obra la propiedad privada; la posesión; los diversos derechos reales limitados, de goce, de garantía y de adquisición preferente; y, finalmente, el sistema hipotecario español. El conjunto de tales materias ha sido, además, sometido a una especial reordenación sistemática, que acentúa los perfiles propedéuticos en relación con exposiciones más amplias, como la propia del Prof. Lasarte, en los dos tomos, cuarto y quinto, de sus conocidos y acreditados Principios de Derecho civil. La novena edición ha sido actualizada conforme a las siguientes disposiciones: Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, dada su extraordinaria repercusión respecto del Derecho privado en general y del Derecho Civil particularmente; Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020; Real Decreto-Ley 26/2020, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del covid-19 en los ámbitos de transporte y vivienda; y a la Instrucción 1/2020, de la Fiscalía General, sobre solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. Respecto de la revisión jurisprudencial, consideremos ante todo la STC 16/2021, que ha declarado inconstitucionales y nulos varios artículos y la DT 1ª del Decreto-ley 17/2019, 23 diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que introdujo un nuevo apartado c) en el art. 7.1. de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio. En cuanto a las SSTS dictadas por la Sala 1.ª, deberían destacarse: 191/2021, sobre acción publiciana; 168/2021, sobre derecho de uso respecto de la que era vivienda familiar; 82/2021, relativa a la improcedencia de la inscripción en el RPI de la faena de un torero; 555/2020, de 25 de mayo, relativa al litigio sobre la denominada Villa de Noheda; así como, respecto a un tema similar, la STS 400/2020, de 6 de julio.

Quienes nos dedicamos al estudio del Derecho administrativo y de la Administración tendemos a trasladar la imagen de que ambos fenómenos sociales son universales, necesarios y homogéneos. Casi naturales a la condición humana. Los datos del Derecho positivo de cada país serían simples matices o evoluciones transitorias singulares de un fenómeno en sí uniforme. La misma premisa implícita de homogeneidad está presente, con más claridad aún, en la ciencia de la Administración. Así, los estudios contemporáneos sobre el New Public Management (NPM) o sobre la gobernanza parten de la premisa implícita de que la Administración pública, en tanto que fenómeno universal, es analizable mediante las mismas preguntas e indicadores. Pero ahora, en nuestro tiempo, cobra fuerza la idea de diversidad, como rasgo característico de las sociedades contemporáneas. Y esta idea de diversidad ya ha empezado a condicionar la comprensión y análisis de la Administración y del Derecho administrativo. A partir de aquí, podría pensarse que ha perdido sentido hablar de la Administración y del Derecho administrativo como categorías universales. Tal orientación sería tan incorrecta como la negación de la diversidad. Primero, porque aunque ahora prestemos más atención a lo diverso, lo cierto es que lo hacemos en un marco cognitivo prefigurado, que incluye un concreto estereotipo de Administración pública y otro de Derecho administrativo. En segundo lugar, la sublimación de la diversidad no explicaría con precisión una realidad administrativa que, aunque ahora la apreciemos en todas sus variaciones estatales o locales, en términos objetivos es crecientemente homogénea.

El sector hotelero se ha caracterizado tradicionalmente por la explotación directa del establecimiento por parte de su titular. Sin embargo, de manera gradual, asistimos a un cambio en los modos de explotación, las tradicionales empresas familiares propietarias de hoteles independientes deciden encomendar a un tercero su gestión. Al mismo tiempo, las cadenas hoteleras adquieren mayor especialización y conocimientos en gestión, permitiéndoles integrar nuevos establecimientos sin necesidad de adquirir la propiedad de los mismos. Esta obra profundiza en el análisis del régimen jurídico de los contratos de explotación que rigen el gobierno de los establecimientos hoteleros. Con este objetivo se realiza un estudio de la realidad económica, social y jurídica que afecta a la empresa hotelera. Además, se presta especial atención a los tres negocios jurídicos más utilizados que facilitan la concentración empresarial, como son el arrendamiento de empresa, la franquicia y la gestión hotelera. Una vez realizado este análisis contractual por separado, se procede a estudiar las relaciones interhoteleras. El tratamiento jurídico de estas relaciones, de naturaleza compleja, se traduce en la celebración de determinados acuerdos consustanciales a estos contratos. Entre otros, destacan la cesión de los signos distintivos, la transmisión del know-how, las cláusulas non-disturbance, las cláusulas de exclusiva y no competencia, la colaboración empresarial y no confusión de empresarios, el derecho de cura o los sistemas de remuneración. Todo ello permite al lector aproximarse a los instrumentos jurídicos que se utilizan para procurar un reparto del control y el riesgo del negocio hotelero que refleje la voluntad de las partes, evitando un posible desequilibrio.

Desde el punto de vista territorial la Constitución española de 1978 ha optado por un modelo descentralizado y compuesto del cual deriva una distribución vertical del poder entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales. El problema es que los artículos que la Constitución dedica al régimen local son muy escasos y que el debate político-jurídico en torno a la estructura territorial del Estado se ha centrado fundamentalmente en las Comunidades Autónomas, dejando al gobierno local en un segundo plano.
En este libro se aborda el gobierno local en España desde su reconocimiento como un nivel necesario de gobierno que se articula con el Estado y las Comunidades Autónomas. A diferencia de estos dos niveles, el local se caracteriza por su composición plural. Junto al municipio, la provincia y la isla puede crearse un amplio abanico de entidades locales de ámbito tanto inframunicipal como supramunicipal que coexisten sobre un mismo territorio y que plantean una necesaria reflexión sobre su articulación y regulación en el conjunto del Estado.
Después de cuarenta años de democracia local en España, los tres grandes retos pendientes siguen siendo la posición del gobierno local en el Estado autonómico, con la consiguiente delimitación de su autonomía y ámbito competencial; la adaptación de sus estructuras de gobierno a la creciente diversidad y complejidad de la acción política local, y la mejora de su financiación, para sostener todas las políticas públicas que las entidades locales han ido asumiendo durante este periodo.

La presente obra de Uwe Volkmann ofrece los fundamentos teóricos del Derecho constitucional efectivamente vigente en Alemania, indisociables de la concreta operatividad normativa en la que se manifiestan; como si fuera tal Derecho constitucional vigente, en el desarrollo de su normatividad, quien segregara dicho propio sustrato teórico. Es esa concreta teoría constitucional la que en realidad soporta, orienta y explica tanto las respuestas del Derecho constitucional ante los problemas concretos como sus desarrollos generales; la que acompaña, como una gramática también implícita, el discurso concreto de los diversos actores que intervienen en los procesos constitucionales. Volkmann, por lo demás, recoge también las impugnaciones centrales y las propuestas alternativas, que, al margen de su plausibilidad teórica, apenas afectan en realidad a la inercia del Derecho vigente, socialmente arraigado, envuelto en rutinas aplicativas y arropado por convicciones implícitas. Nada de ello debe entenderse, por cierto, como una apología de lo dado, sino como mera constatación de su objetiva consistencia.
El epílogo de Ignacio Gutiérrez subraya la validez del proyecto de Volkmann, al mismo tiempo que destaca la imposibilidad de trasladar mecánicamente sus resultados a España. En esa medida, deja en primer plano el reto de construir una teoría propia que, siguiendo precisamente la orientación que propone Volkmann, descubra y describa el verdadero significado del Derecho constitucional hoy vigente en España; que no puede ser el mismo que el alemán, porque las instituciones y las culturas jurídicas, aunque compartan muchas ideas elementales y algunos principios básicos, son distintas, como lo son las sociedades y los Estados, su historia y sus concretas perspectivas de futuro. Finalmente, esboza también algunos de esos presupuestos diferenciales, así como el modo en que condicionan la tarea pendiente de elaborar una teoría específica de la vigente Constitución española.
Uwe Volkmann (Lünen, 1960) es catedrático de Derecho Público y Filosofía del Derecho, en la Universidad de Maguncia desde 1999, y luego, desde 2015, en la Universidad de Frankfurt am Main. Ha publicado, entre otros libros, Politische Parteien und öffentliche Leistungen (1993) y Solidarität - Programm und Prinzip der Verfassung (1998), así como numerosos trabajos sobre Teoría de la Constitución y Derecho constitucional, Filosofía del Derecho y Teoría del Estado, Teoría de la democracia y Derecho de partidos.